Esta fue una de las principales conclusiones del encuentro internacional de representantes de federaciones de trabajadores mineros, que se llevó a cabo en el auditorio principal del Edificio de Ciencias Económicas en la UN.
La vocera de la Union Steelworkers de Canadá, Lynne Descarry, afirmó que las grandes multinacionales mineras constituyen quizás el mayor problema ambiental con el cual se enfrentan las naciones de todo el orbe, incluido su país.
“Durante años peleamos para lograr la actual legislación ambiental canadiense, una que es modelo mundial, en cuanto a responsabilidad y protección de los recursos. Por esto, esas multinacionales y las mismas empresas canadienses están migrando a países con vacíos en sus leyes y normas, con escasos o nulos controles y sanciones ambientales, y donde los costos son mucho más bajos, como Colombia”, declaró.
Según la vocera, en conformidad con las normas canadienses, las empresas deben invertir en promedio 12 millones de dólares en estudios y todo el proceso de implementación, que se demora diez años, antes de producir. Además, tienen que invertir más recursos en los estudios ambientales y de impactos, así como en el pago de retribuciones ante tala de bosques o daños en aguas. Y ni hablar, dijo, de los derechos laborales.
Lynne, que trabajó 23 años en una mina, bajo suelo, recordó que su compañía, de más de cien años de tradición, fue adquirida por una multinacional brasileña, en donde los problemas han salido a flor de piel. “En casi 90 años, nuestra empresa no sufrió un solo accidente laboral. Desde 2007, con la gran multinacional, ya van cuatro muertos y decenas de heridos. Eso sin contar los despidos y hasta traslados de operarios a Brasil, con todas las implicaciones laborales, familiares y socioculturales del caso”, afirmó.
Sin embargo, señaló Descarry, el actual gobierno canadiense quiere cambiar la legislación para flexibilizar los controles y favorecer a las multinacionales. A corto plazo, y esa es la táctica usada, se generan empleos, reconoció. Pero, a mediano y largo plazo, se dispara la inflación en la zona de explotación, llegan los problemas sociales y conflictos, aumenta el delito y el daño ambiental es irreparable. Donde hubo bosques centenarios, queda el suelo lunar, sin posibilidad de vida alguna. “Ojalá eso no pase en Colombia, pero la minería a gran escala de las multinacionales no trae beneficio alguno, ni laboral ni social ni ambiental”, puntualizó.
Cifras para pensar
Y es que las cifras son contundentes. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Macario Montalvo, reveló que la gran locomotora del llamado “milagro peruano” es la minería, pero que los beneficios que quedan en su país son mínimos, por cuanto la gran ganancia se va con las multinacionales.
“Perú contiene el 16% de las reservas minerales conocidas en el mundo. De 40 tipos de metales, tan solo se explotan 16, entre ellos oro, zinc, hierro y cobre. El 59,3% de las exportaciones totales peruanas son metales y pasaron en la última década de 3.205 millones de dólares (en 2001) a 27.361 millones. Actualmente, operan 21 multinacionales de gran minería, que se llevan 59.000 millones de dólares y dejan 42 mil millones. Sus utilidades netas en el último año fueron de 19.500 millones de dólares. Pero en el país quedan los conflictos y los daños ambientales que son irreversibles”, declaró.
Y agregó que las zonas donde se congrega la mayoría de los proyectos mineros a gran escala siguen siendo las más pobres del Perú y no han recibido sus prometidos beneficios, como Ancash, Arequipa, Tacna, Puno, Pasca y Moquegua, entre otras.
Además, aseguró que dichas multinacionales han gozado de beneficios y exenciones tributarias —proceso que se acentuó desde el primer gobierno de Alberto Fujimori— y que la precarización laboral también comenzó desde esa época. El 1,28% del total de trabajadores del Perú se emplea en la minería (193.986), pero, de ese número, 123.271 son contratados por prestación de servicios, sin seguridad social (en minas) y tan solo 70.175 son de planilla, o gozan de beneficios y estabilidad.
Según Montalvo, la aplanadora minera ha exacerbado 228 conflictos sociales hoy vigentes con comunidades indígenas y campesinas, que siempre terminan con heridos o fallecidos por los enfrentamientos contra las autoridades que defienden los proyectos mineros a gran escala. Por ejemplo, no se hacen los estudios del impacto ambiental en el momento de permitir un proyecto minero a gran escala, y zonas que hoy son de alta producción agropecuaria están siendo arrasadas para abrirles campo a los proyectos mineros. “Con tan solo estos dos casos, los conflictos estallan”, dijo. “No es que estemos en contra de las inversiones extranjeras y mineras a gran escala, pero no se hacen responsablemente y acaban con nuestros territorios, y la ganancia para Perú es poca”, resaltó.
De igual manera se expresó Carlos Torres, del Observatorio de Conflictos Ambientales de Chile, para quien los daños ocasionados por la minería a gran escala y sin pisca de responsabilidad son irreversibles, por ejemplo, el fin del agua.
“La industria minera trasnacionalizada ha tenido unos impactos negativos que son reales: acumulación de riqueza para los dueños extranjeros de estas empresas y poco o nada para los trabajadores y menos para las comunidades donde se hacen las explotaciones de los recursos. Pero, especialmente, el agua en el norte de Chile se acabó. Hay poblaciones de los Andes en las que ya no hay una sola gota de agua. Estas empresas han tenido que desalinizar agua marina para sus operaciones y para poblaciones y comunidades”, dijo. Pero añadió que confía en que esta situación no llegue a Perú o a Colombia, en donde ya hay casos de destrucción ambiental y una presión enorme sobre los recursos ambientales no renovables de páramos y selvas.
Finalmente, Mario Valencia, de la Red de Pequeña y Mediana Minería de Colombia (Reclame), ofreció muchos datos en su intervención, sobre el TLC con Estados Unidos (al que no dudó en calificar como el “más agresivo proceso de recolonización de Colombia y para el que el país nunca se preparó”) y sobre que los beneficios de la “locomotora” minera son puro cuento: “El departamento de la Guajira tiene el 56% de las reservas carboníferas de todo el país, y es la región más pobre de Colombia, por encima de Chocó, con el 64% de sus habitantes viviendo en la pobreza y la miseria. El carbón se lo llevan todo y ¿dónde está la retribución?”.
Además, reveló que se usan 68 mil toneladas de explosivos cada año en Colombia para sacar el carbón. Un número que, en cuanto a liberación de energía, equivale a cuatro bombas atómicas de Hiroshima. Y preguntó: "¿Cómo queda el terreno luego de ese uso?".
Y recordó que el 70% de las exportaciones colombianas son mineras, carbón y petróleo, pero que tan solo generan el 2% del empleo en el país. Asimismo, hizo hincapié en una decisión que confirma el interés del actual Gobierno colombiano con su locomotora minera: “El Gobierno se reservó 24,7 millones de hectáreas de bosques, selvas y suelos colombianos como zona especial para hacer minería. Pero ¿a qué costo ambiental, social y económico?”.
